Da su versión la exgobernadora Wanda Vázquez

Los abogados de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced atribuyeron a su labor investigativa el que un alto funcionario del Departamento de Justicia federal, el fiscal general adjunto Aakash Singh, admitiera durante una reunión en Washington D.C. que “el pliego acusatorio colapsó y ya no es viable” contra la exfuncionaria.

La defensa de la exmandataria por el Partido Nuevo Progresista (PNP) presentó ayer una moción informativa para ofrecer su versión de los hechos que llevaron al acuerdo alcanzado con la fiscalía federal para la desestimación de los siete cargos originales por conspiración, soborno y fraude electrónico a cambio de la presentación de un solo cargo -aceptar promesas de aportaciones de un extranjero para una campaña política- por el cual hará admisión de culpabilidad el próximo 27 de agosto.

“En marzo del 2025, dos meses antes del encuentro con funcionarios del Departamento de Justicia (federal), la defensa sometió un reporte comprensivo que documentó los hallazgos y demostró que, tanto la evidencia del gobierno como la prueba descubierta, reveló la ausencia de cualquier quid pro quo (beneficio mutuo) explícito requerido para casos de contribuciones a campaña política”, destacó el equipo de abogados compuesto por los licenciados Ignacio Fernández de Lahongrais, Luis A. Plaza Mariota, Peter John Porrata y Edgar Sánchez Mercado.

La reunión

No fue hasta el 30 de mayo que la defensa de la exgobernadora y otro de los coacusados en el caso, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini, se reunieron con altos funcionarios de Justicia federal incluyendo al fiscal general adjunto Singh; el asesor legal Vance Day; el jefe de la División Criminal, Timothy Henwood; el jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, y uno de los fiscales del caso, Nicholas W. Cannon.

Los cargos originales apuntaban a que el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el exagente federal Mark Rossini ofrecieron dinero y apoyo a la campaña política de Vázquez Garced a cambio del despido de George Joyner del cargo de comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).

“El licenciado Plaza comenzó la reunión presentando una línea de tiempo que probó ser fatal para la teoría del gobierno, ya que la decisión de despedir a Joyner fue hecha en noviembre del 2019 con fecha de terminación del 26 de febrero del 2020, dos días antes del encuentro del 28 de febrero que el gobierno alegó fue ‘crítico’ para la formación de la conspiración”, narró la defensa.

Contacto limitado

Asimismo, se indicó que el abogado mostró que la realidad fue que el contacto entre Vázquez Garced y el banquero fue limitada a solo tres encuentros: una boda el 4 de enero del 2020 en la que intercambió palabra mientras bailaba con su esposo Jorge Díaz Reverón; un encuentro en la Fortaleza el 14 de enero del 2020, en el cual un testigo de la fiscalía expresó que no se discutió el tema de OCIF y un tercer encuentro en el hotel Vanderbilt el 28 de febrero del 2020 donde un recurso del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) admitió que no ocurrió acto inapropiado alguno.

“La investigación además confirmó que ninguno de los testigos cooperadores -incluyendo a John Blakeman (convicto exadministrador de Vivienda Pública)- discutió quid pro quo con la gobernadora Vázquez o que Herrera empleó intermediarios para presentar propuestas de corrupción”, agregó la defensa.

Explican despido de Joyner

En cuanto al despido de Joyner, los abogados afirmaron que se debió a una reforma administrativa del gabinete de gobierno que Vázquez Garced heredó tras la renuncia de Ricardo Rosselló en 2019 a la gobernación y que incluyó el reemplazo de más de 20 directivos de agencias como los departamentos de Recursos Naturales, Salud, Familia, Vivienda y la Autoridad de Puertos.

“La gobernadora reemplazó a Joyner por dos razones: su lealtad a la pasada administración y un ausentismo crónico”, resaltó la defensa al añadir que la investigación evidenció que Joyner solo trabajó jornada laboral completa un 9% del tiempo que estuvo bajo la administración Vázquez Garced y que su sucesor, Víctor Rodríguez Bonilla, encontró un caos de auditorías bancarias pendientes.

Según los abogados, cuando el Ministerio Público fue confrontado con evidencia contradictoria a su teoría, incluyendo declaraciones de otra de las cooperadoras- la exoficial ejecutiva de Bancrédito Frances Díaz- que minó el caso, los fiscales no pudieron proveer explicaciones racionales de porqué optaron por emitir el pliego acusatorio.

“Preocupado por las admisiones, el fiscal general adjunto Singh preguntó a los fiscales ‘¿y así decidieron acusar de todas formas?’ Su respuesta fue simple: ‘nos tomamos un chance’”, continuó narrando la defensa sobre la reunión en la que los fiscales presuntamente solo pudieron ofrecer “inferencias” al ser cuestionados por sus superiores de dónde estaba el beneficio.

Según la versión de la exgobernadora, tras la presentación del licenciado Plaza, el fiscal general adjunto Singh expresó que “el pliego acusatorio colapsó y ya no es viable”.

“En este punto, Singh y Day transformaron a adversarios en mediadores, reconociendo que la evidencia había alterado fundamentalmente la viabilidad del caso. Desde este punto fue que las partes comenzaron las negociaciones por primera vez. La negociación se extendió por varias semanas hasta que se alcanzó un acuerdo el 17 de junio”, recalcó la defensa.

Rechazan señalamientos de juezaPor otro lado, los abogados también lamentaron las expresiones de la jueza Silvia L. Carreño Coll, quien dejó entrever que el acuerdo se realizó “siguiendo directivas presuntamente emitidas por ‘Main Justice’ (Departamento de Justicia federal a nivel central)” ya que esto, según su parecer llevó a una “narrativa inmerecida de favoritismo político”.

Los abogados aludieron a que las expresiones de Carreño Coll provocaron cobertura de medios prejudicial y distorsionaron la realidad.

“El récord actual revela una diferencia fundamental: una investigación metódica que reveló evidencia tan convincente que fiscales experimentados reconocieron que su caso colapsó”, sostuvo la defensa. Fuente: El Vocero